COMONDÚ, BCS.

A sus 13 años, Felipe trabaja con su papá en la captura de la cotizada langosta roja y langosta azul del Caribe.

Las trampas para su captura se colocan un día antes y a la mañana siguiente se revisan surcando las  aguas del Pacífico Norte.

Las langostas deben tener la talla comercial mínima, de lo contrario se regresan al mar: 82.5 milímetros y 81 milímetros de la cabeza al tórax, respectivamente.

El principal mercado es China a donde llegan vivas después de viajar en avión adormiladas con hielo seco.

Cuando no va a la escuela secundaria, Felipe se despierta temprano para ir a pescar.

En esta región, conocida como el golfo de Ulloa en Baja California Sur, la pesca es el presente y futuro de mil 700 familias que de nueva cuenta se ven amenazadas por el plan de minería Don Diego.

Una iniciativa que se niega a morir y que sería la primera en su tipo a nivel mundial, que, a decir de Tomás Camacho, integrante de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, quiere agarrar a México de “conejillo de Indias”.

Las comunidades de la franja costera, desde Punta Abreojos hasta Cabo San Lázaro, aportan 70% de las capturas en Baja California Sur, que se encuentra en el top 5 de los estados con mayor producción pesquera a nivel nacional.

Mientras que en Las Barrancas salen desde muy temprano a la captura de la langosta, en la comunidad de San Juanico, comienza la pesca del pulpo que se vende a EU.

La faena también se realiza con trampas que se depositan en el fondo con carnada de pescado fresco.

Desde hace tres temporadas las capturas van a la baja, debido a los “guateros”, pescadores ilegales que se roban el producto, o cambios que ya se perciben en el mar, como modificaciones en la temperatura y las corrientes del agua, vinculadas al cambio climático.

Arturo Aguilar, también integrante de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, recuerda que desde que era niño comenzó a pescar con su papá y al terminar la secundaria se dedicó de lleno a la actividad.

La historia de Don Diego se remonta a 2014, cuando Odyssey Marine Exploration, empresa de Tampa, EU, dedicada al rescate de tesoros submarinos en barcos hundidos, realizó alrededor de 260 perforaciones en el lecho marino del golfo de Ulloa, en busca de fosfato, una especie de chapopote, materia prima para fabricar fertilizantes.

Tras su incursión en la Zona Económica Exclusiva de México, encontró un yacimiento, el más rico de América Latina, a 22 kilómetros de la costa.

Felipe Higuera, pescador de Las Barrancas, relató que el barco de Odyssey anduvo dragando, “haciendo experimentos”, justo en la zona donde se captura con palangre mero y garropa.

México depende de 60% de las importaciones para cubrir sus requerimientos de fertilizantes. El alza de más de 50% en los precios de este insumo agrícola en el último año impacta directamente en los costos de producción de los alimentos y la rentabilidad de los productores.

De acuerdo con datos obtenidos a través de la Ley de Transparencia, la presencia en nuestro país de los llamados piratas modernos de Odyssey Marine Exploration va más atrás.

En agosto de 2006 pidieron autorización al gobierno de México, en específico al entonces titular de la Marina, Marco Antonio Peyrot, para realizar trabajos de exploración en mar profundo, a fin de descubrir y recuperar cargamentos de buques españoles que se hundieron en la época colonial.

Esta solicitud que la Semar envió a Conaculta fue negada en primera instancia por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y, al no estar conforme, la empresa impugnó ante tribunales, lo que dio como resultado una segunda resolución en contra.

De ahí, pasaron 4 años para que la firma que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York quisiera explotar fosfato en el fondo marino de BCS, sin contar con ninguna experiencia previa, sentenció Mario Sánchez, director regional Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

“No hay una expertís probada de esta empresa que tenga la capacidad de explotar un yacimiento de fosfato, y en el mundo, en general no hay mucha expertís en el tema de minería submarina”, indicó.

El revés más sonado para Odyssey Marine Exploration se dio en un juicio promovido por el gobierno de España, que denunció el saqueo de más de 600 mil monedas de oro y plata de la fragata Nuestra Señora de Las Mercedes hundida en 1804 por los ingleses.

Después de varios años de disputa legal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó a la empresa devolver a su legítimo dueño el tesoro que ya se encontraba en sus bodegas.

Al respecto, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, alertó que Odyssey no tiene buena reputación en otros países, “y por lo mismo el gobierno mexicano no debe de caer en ninguna negociación, porque ni el medio ambiente ni la pesquería son moneda de cambio”.

De acuerdo con la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, la pasada administración federal otorgó 14 concesiones de minería submarina en México, aunque el proyecto Don Diego  que sigue vivo.

“Hay 14 concesiones en el mar, esas concesiones ya están dadas y hay 5 en Baja California Sur, 8 en Chiapas, y una en Oaxaca”, precisó.

La concesión de minería submarina para el proyecto Don Diego otorgada en su momento por la Secretaría de Economía, se traslapa con los permisos de los campos pesqueros de Las Barrancas y San Juanico al norte del municipio de Comondú, advirtió Florencio Aguilar, presidente de productores pesqueros.

“Esa concesión minera que a ellos les otorgaron estaba encimada sobre la concesión propia de la cooperativa que recientemente la actualizamos en 2015 y tenemos vigencia hasta el 2035, afortunadamente”, puntualizó.

Una vez que confirmó la abundancia de fosfato, Odyssey Marine Exploration solicitó la autorización de impacto ambiental para comenzar a dragar  91 mil hectáreas de fondo marino, equivalente al 60% de la superficie que ocupa la Ciudad de México.

Su idea era extraer 350 millones de toneladas de fosfato en un periodo de 50 años, sin descanso.

En la siguiente entrega, México dice no en dos ocasiones al proyecto Don Diego por sus serias implicaciones ambientales.  Odyssey acude a instancias internacionales para exigir una indemnización de más de tres mil 500 millones de dólares en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El dato

Antecedente

  • El Inai pidió a la Semarnat dar a conocer los motivos legales para la negativa del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, en BCS.

 

 

 

 

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